El deber de encerrar a individuos peligrosos: Conclusiones

Creo que ya hemos podido establecer aquí un consenso importante: La protección de la seguridad del país y los derechos de sus ciudadanos son más importantes que la protección de los mal llamados «derechos individuales» (una aberración jurídica). Lo cierto es que las personas y las propiedades están sometidas a todo tipo de restricciones, para mantener la comodidad general, la salud, y prosperidad del Estado liberal-democrático.

Registros administrativos

Obviamente, hay muchos liberales de buena fe que se preocupan por los derechos de los ciudadanos en cuestiones de salud pública. La cuarentena y el aislamiento representan dos elementos controvertidos que muchos liberales tachan de «fascista» a pesar de que esos argumentos son hombres de paja, ya que hoy en día la cuarentena no es tan necesaria como en siglos pasados. Sin embargo, es necesario poder facilitar que agencias administrativas dedicadas a la salud pública puedan recopilar información epidemiológica para poder prevenir amenazas a la salud pública como puede ser una infestación de ratas, incumpliento de códigos administrativos en los edificios, y casos de enfermedades contagiosas. Esto último se hace especialmente importante en nuestra población inmigrante, ya que muchos de los inmigrantes en España vienen de países que no tienen una salud pública desarrollada y además no tienen buen nivel educativo. También es importante poder tener la capacidad para identificar a individuos potencialmente peligrosos, sobre todo los que puedan ser violentos pero que aún no han cometido un acto violento. Inmediatamente, me viene a la mente el ejemplo del neo-nazi Daniel Aragón Ortíz. No sabemos si ese chico ha cometido un acto violento, pero está claro que un país que tuviera agencias de calidad ya mandaría algún equipo profesional para evaluarle, hacer un registro sorpresivo pertinente, y si hace falta, encerrarlo algunos días en alguna institución mental hasta que se pueda analizar su cerebro y tener un perfil psiquiátrico. En ningún momento sería eso una detención penal ni un castigo – sólo sería una medida cautelar, de carácter administrativo, al margen de una acción penal que se podría ejercer.

Existe cierta oposición política totalmente inaceptable contra los esfuerzos de los profesionales para querer informar sobre individuos socialmente peligrosos para el país y la comunidad. Por ejemplo, en EEUU y España, hay mucha oposición contra cualquier intento de identificar a personas que tengan VIH, con el pretexto de la «intimidad». Eso tuvo ciertas consecuencias en la época de la epidemia en EEUU por culpa del SIDA.

Las leyes educativas en ambos países también limitan poder identificar y controlar a personas mentalmente peligrosas o enfermas, contribuyendo así a desastres como el tiroteo en la universidad «Virginia Tech». Con el pretexto de la «intimidad», nunca vamos a poder saber si individuos como Pío Moa o César Vidal sufren de alguna enfermedad mental que los conduce a decir auténticos disparates sin ninguna base objetiva.

Vuelvo a insistir: Debemos ser lo suficientemente maduros como para distinguir entre un registro domiciliario para obtener pruebas que se utilizarán luego en un juicio penal, y un registro para impedir un daño futuro. Son dos cosas distintas.

Vamos a poner un ejemplo – ¿Algún liberal aquí me va a decir que es igual entrar en una casa particular sin orden judicial para buscar pruebas de terrorismo que puedan inculpar a Daniel Aragón Ortíz a entrar en la casa de don Javier, también sin orden judicial, para ver si desde su casa es donde están saliendo las ratas que pueden enfermar y morder a muchas personas, para prevenirlo? SEAMOS SERIOS – no son cosas idénticas. Lo primero sería anti-liberal – podemos opinar, a nivel personal desde luego, que Daniel Aragón Ortíz es un terrorista y tampoco nos debería sorprender si comete un acto malvado en el futuro, contra la democracia, pero no sería nada anti-liberal entrar en la casa de don Javier, sin autorización judicial para investigar un brote de contaminación o ratas y otras pestilencias.

Los únicos que se opondrán a esto son gente históricamente analfabeta, ya que los registros domiciliarios sin orden judicial para prevenir enfermedades y otras amenazas a la seguridad nacional en la época dorada del liberalismo en los 1700s eran absolutamente habituales y los escritores de la Const. de EEUU lo aprobaban. No hay nada de liberticida aquí, salvo que seas un anarquista irredento. Si lo eres, me das pena.

Sé que ahora surge una pregunta muy controvertida:

¿Qué pasaría si en el transcurso de ese registro preventivo, en la casa de Javier, los agentes sanitarios encontraran pruebas de algún delito por parte de Javier? En ese caso, deberíamos admitir esas pruebas también, ya que como eran de una agencia sanitaria, ya estaban ahí en su casa de forma legal. Otra cosa sería admitir pruebas obtenidas posterior a la prevención – no tendría sentido ni sería constitucional/liberal.

¿Cómo podemos determinar la peligrosidad de un individuo que justifique su aislamiento preventivo?

1. El grado de amenaza a la sociedad que tenga su comportamiento particular: por ejemplo, un violador sexual de niños es más amenazante para todos, mucho más, que un moro carterista en las Ramblas.

2. La probabilidad de que el sospechoso pueda tener un comportamiento peligroso: Esta cuestión es muy difícil a veces, pero ya hay pistas. Por ejemplo, los violadores sexuales suelen ser reincidentes así como los terroristas (los que han participado en actos como la «kale borroka»).

3. El número de personas que estarían en riesgo de participar en esa misma conducta. Por ejemplo, no tendría sentido detener ir encerrando a personas que podrían ser asesinos en serie, ya que este comportamiento es individual, pero sí se podría hacer redadas preventivas, siempre de carácter sanitario, contra potenciales consumidores de drogas y a traficantes. Algunas enfermedades sexuales también son fáciles de detectar y aislar, ya que sólo son posibles si se participa en ciertos actos sexuales.

El cálculo de peligrosidad/riesgo puede ser algo así:

(R) – riesgo a la sociedad, (A) – amenaza de la actividad considerada, (P) – Probabilidad de peligrosidad y (N) – número posible de infractores potenciales: (R) = (A)(P)(N)

Cuanto más alto sea (R), más derecho tendrá el estado para protegerse de la actividad en cuestión. Las medidas pueden ir desde la intervención mínima a la sistemática, y terminando por la prohibición si hace falta y la toma de medidas preventivas.
Más importante aún es esto: cuanto más bajo sea (R), más importante serán los derechos procesales garantistas.

Por ejemplo, podríamos pensar de nuevo en un caso de terrorismo y secuestro de un avión. Obviamente, (R) sería altísimo para esta situación. Ese alto riesgo otorgaría al Estado una base suficiente para detener el sospechoso de terrorismo sólamente con un proceso sumarísimo e incluso su eliminación preventiva, abriendo fuego.

NO HAY ninguna libertad absoluta ni derecho absoluto a nada. No debe existir ningún derecho absolutamente protegido – no lo digo yo, lo han dicho los más ilustres teóricos liberales de la historia, entre ellos, John Adams, George Washington y Alexander Hamilton. Menos Lew Rockwell, más seriedad por favor.

La capacidad que tiene el estado para defenderse es fundamental para su soberanía. La libertad «individual» debe subrogarse a la protección del estado. El ejemplo más claro que tenemos, de la historia, es el control de las enfermedades contagiosas. Lo mismo debe hacerse para ciertos individuos peligrosos – más aislamiento y detención administrativa para prevenir ciertos daños. Si eso te parece controvertido, quizá sea más un problema de configuración mental.