Mi concepto del Poder judicial (IV): Contra la secta jefersoniana

Anuncios

Bien — ya tienen ustedes un contexto más adecuado (mi “ensayo” breve sobre el alcance del Poder judicial históricamente en los EEUU) que me permite continuar con esta serie.

Decíamos en parte III que es complicado aplicar la IVª Enmienda de la Constitución de los EEUU en todas las circunstancias. Digamos que la mejor forma de interpretar la IVª Enmienda es que debe ser leída como un simple PATRÓN y no una regla estricta que siempre impida un registro sin orden judicial.

Sin embargo, NO TODAS las provisiones constitucionales funcionan de la misma manera. Por ejemplo, el Artículo II especifica claramente que “Solo las personas que sean ciudadanos por nacimiento o que hayan sido ciudadanos de los Estados Unidos al tiempo de adoptarse esta Constitución, serán elegibles para el cargo de Presidente; tampoco será elegible una persona que no haya cumplido 35 años de edad y que no haya residido 14 años en los Estados Unidos”.

No sé si Barack Obama cumple el requisito – vivió durante gran parte de su vida en Nueva York y no en la “América real” — bueno bromas aparte, aún no tengo claro, jurídicamente que Obama cumpla este requisito. A diferencia de las enmiendas sobre los “derechos” (otro error de la Constitución de los EEUU es la carta de derechos fundamentales, el famoso “Bill of Rights” no iba a formar parte de la Carta Magna) pero los Jefersonianos y otros radicales presionaron para incluirla y al caballero Hamilton no le quedó más remedio que ceder a las presiones de los radicales indeseables. A lo que iba: a diferencia de los “derechos”, esta norma del Artículo II es eso: UNA NORMA y no depende de las circunstancias.

Hay otras provisiones constitucionales menos claras, pero para nuestro propósito aquí, importantísimas, que elaboran patrones en vez de normas claras. En efecto, las dos provisiones que tratan el tema de las emergencias nacionales son de ese estílo “ambiguo” y precisamente por eso, es lícito ampliar los poderes del Estado en tiempos de emergencias, sedición popular, secesionismo, radicalismo extremo, terrorismo islámico o el de las milicias de Ron Paul, etc.

EL PODER EJECUTIVO DEL PRESIDENTE DE LOS EEUU

Abrid vuestra copia de la Constitución de la República de los EEUU, al Artículo II, § 1, párrafo 1º. Dice así señores, atención a la palabrería:

Se deposita el poder ejecutivo en un Presidente de los Estados Unidos. Desempeñara su encargo durante un término de cuatro años y, juntamente con el Vicepresidente designado para el mismo período

Ya hemos establecido que los liberales nos caracterizamos, históricamente, por mostrar una gran deferencia hacia el Poder legislativo y Ejecutivo, y pienso que además del respeto que se merecen en tiempos de paz, en los tiempos de crisis o guerra los jueces tienen que incluso ser más deferentes hacia el Poder ejecutivo.

Ahora la cosa se pone interesantísima — uno de los debates más agrios, y persistentes, entre los políticos y juristas de los Estados Unidos es si, efectivamente, el Artículo II otorga un “paquete” de poderes al Presidente ó si sólo sirve para especificar que el Presidente es simplemente titular de un cargo — el cargo de Presidente o de la Presidencia. Según este último punto de vista, todos los poderes presidenciales emanan de las enumeraciones específicas de las secciones 2 y 3 del Artículo I, más cualquier otro poder/es pueda otorgar el Congreso siguiendo las pautas del párrafo 18 de la 2ª sección:

“Para expedir todas las leyes que sean necesarias y convenientes para llevar a efecto los poderes anteriores y todos los demás que esta Constitución confiere al gobierno de los Estados Unidos o cualquiera de sus departamentos o funcionarios”.

El otro punto de vista, que era también el de Alexander Hamilton, analiza lo que dice la sección 2 y 3 del Artículo II. Este debate provocó una serie de ataques contra Hamilton, dirigidos por James Madison en la Gaceta/periódico de la época — los debates son conocidos bajo el nombre Pacificus-Helvidius y lo pueden leer en todo su detalle original aquí. Aún hoy, continua siendo un punto de contención entre liberales.

Madison, líder de la secta jefersoniana en el Congreso, dijo que Hamilton estaba pisoteando el Poder legislativo por su manera de interpretar los tratados de neutralidad.
A esta demagogia absurda, peligrosísima y sectaria, Hamilton contestó que a pesar de que es cierto que el Congreso es el órgano del Estado que tiene autoridad para declarar guerras, eso no excluye que el Presidente tenga un derecho a juzgar y controlar la ejecución de sus propias funciones constitucionales. Lo cierto es que la mayoría de los liberales democráticos y responsables compartimos la respuesta de Hamilton — el Poder ejecutivo tiene y debe tener amplisima autoridad para conducir sus propios asuntos, incluido el derecho a interpretar tratados a su manera, declarar un estado de paz o neutralidad, y tomar acciones que podrían limitar las opciones congresionales a la hora de declarar o no una guerra. Es interesante también ver como Hamilton vincula a Inglaterra con España y Holanda — dice de nuestros países lo siguiente:

“Tanto España, como Holanda, como Inglaterra son naciones comerciales, de comercio, naciones marítimas, y no les temblará el pulso si tienen que hundir uno de nuestros barcos en ultramar”.

Claro — estamos en el año 1788 y Hamilton tenía en mente la España viril de 1788, no la Ex paña amariconada y acomplejada de ahora. Ciertamente, quedan muy pocos españoles de verdad en este país.

Sea cual sea el alcance exacto de este “Poder ejecutivo”, podemos dividirlo en dos categorías — los poderes de ejecución de la ley y cumplimiento, y el resto de los demás “poderes”, incluido, cómo no, el Judicial en última instancia. La primera categoría obviamente depende de la existencia de una ley que necesita ser ejecutada, y el resto de poderes, en la segunda categoría, incluyen, como mínimo, el poder para dirigir las Fuerzas Armadas y por algo el Presidente es “Comandante en jefe” (art. II, § 2,párr. 1),
facultad para “celebrar” tratados (art. II, párr.2) con el consejo y consentimiento del Senado, y el poder para gobernar territorio ocupado en tiempos de guerra.

A pesar de todo esto, es obvio que debe prevalecer el principio británico de razonabilidad y moderación — la idea es que todo poder delegado para ejecutar las leyes está sujeto al requisito implícito que los medios tengan cierta proporción con el fin, que sea eficaz y respetuoso hacia los límites permisibles que otorgan la tradición jurisprudencial y la moral básica o estructura social.

Por ejemplo, podriamos perfectamente en un país libre tener una ley que diga:

“se autoriza a que los ministros de urbanismo arreglen las calles de la ciudad con los medios y métodos que necesiten y a su discreción”. Aún así, un ministro no podría levantar una calle de manera abusiva, que pueda bloquear el acceso a viviendas. No todo vale, obviamente. Se presume que los poderes se van a ejercer de forma razonable, ya que la tradición jurídica tampoco ha permitido nunca (al menos en teoría) el abuso del derecho o de las funciones.

Al igual que hemos dicho que la IVª Enmienda tiene que ser flexible y acomodarse a las circunstancias — que no puede ser una regla ni un principio rígido, el principio de lo razonable implícito en el Artículo II permite que la autoridad de un presidente-ejecutivo vacile en función de las circunstancias nacionales. El sentido común sugiere que los Presidentes deben ser más “duros” y “ejecutivos absolutistas” si se trata de una tropa de soldados franceses etc acercándose a la Casa Blanca o si se trata de un grupo de terroristas católicos o musulmanes intentando dinamitar el Parlamento como ya hizo Guy Fawkes, y tuvo que ser…ajem, digamos “forzosamente interrogado” sin Habeas Corpus. Básicamente, lo que defiendo es el sentido común y lo elevo a la ley. Por eso, a los liberales de por aquí no nos queda más remedio que, por ejemplo, ser más deferente a Zapatero si se trata de la guerra en Afganistán o las decisiones sobre las pensiones (Rajoy ha sido MUY IRRESPONSABLE Y MALVADO) — Rajoy debería aprender que ser de la oposición es algo mucho más que simplemente decir “no” a todo y que poner tres o cuatro mujeres florero entre sus filas, como Soraya.

Obviamente, no os puedo dar una regla estricta que controle todas las circunstancias. Sí podemos, sin embargo, intentar diseñar ciertos criterios razonables según las circunstancias. Se me ocurren tres elementos: que lo razonable como principio incluya — 1. eficacia, 2. proporcionalidad, 3. respeto a los límites de la jurisprudencia, la cultura o la tradición de la nación. Que los medios sean eficaces dependerá de una conexión causal entre los medios y los fines. Es decir, que los medios elegidos tienen que ser necesarios para conseguir el fin deseado.

Por ejemplo, poner a una ciudad en cuarentena sería totalmente inaceptable y desproporcionado para combatir una gripe normal o una epidemia puntual, pero sería perfectamente adecuado y necesario si se tratara de una epidemia como el cólera, y por eso en Madrid en 1834, las autoridades tuvieron que poner toda la ciudad en cuarentena y expulsar a los mendigos y otros indeseables como los pillos, las putas, los vividores chuloputas, bandidos, etc. De igual forma, sería obviamente poco razonable bombardear a Marruecos en caso de una oleada migratoria, pero sería perfectamente razonable cortarles los suministros como el agua o la luz hasta que las autoridades moras no frenen la avalancha de indeseables que muchas veces se cuelan entre los “inmigrantes” “pobrecillos”
de las pateras. Muchas veces he pensado que a Marruecos hay que tratarla como Israel se ve obligada a veces a tratar a los “palestinos”.

Anuncios

Anuncios