Origenes y alcances: continuamos

Bien, decíamos ayer que poco a poco, se iba estableciendo el Poder judicial como concepto en los EEUU. Una vez que logró establecerse en poder, ¿cómo se entendía el Poder judicial?
Exclusivamente como un Poder JUDICIAL, ya lo dice la propia palabra y concepto. Las constituciones de los distintos estados fueron diseñadas por hombres escrupulosos que decidieron dividir el gobierno en tres partes; y en cada departamento, las constituciones estatales han, a veces, con una claridad explícita muy curiosa, prohibido que ejerzan un poder no correspondiente. Por ejemplo, en 1780, la Constitución de Massachusetts decía lo siguiente sobre el Departamento legislativo: El Departamento legislativo «NO PODRÁ ejercer los poders ejecutivos o judiciales; ninguno de los dos, el judicial no podrá ejercer el Poder legislativo ni el Ejecutivo; para que al final tengamos un gobierno de leyes y no de hombres».

Ahora el poder establecido y otorgado era puramente JUDICIAL y en consecuencia, había muchas esferas intocables.

No importaba que otros departamentos estuviésen violando la Constitución, no podía INTERFERIR el Poder judicial; al contrario, tenían que aceptar y hacer cumplir las leyes. El Juez Cooley dijo, muy acertadamente, tomen nota por favor:

«La impresión del comunero, del populacho iletrado, es que en el caso de que haya una ley que no respete los límites constitucionales, el Poder judicial es perfectamente competente para dar un remedio; anulando la ley o invalidándola, y que cualquier ciudadano, incluido el Poder judicial, puede tratar esa ley como una ley ilegítima y negarse a obedecer. Sin embargo, esto no es más que ignorancia y lejos de la realidad fundacional de nuestra nación».

Los padres de vuestra patria dieron al Poder legislativo el poder de revolución — no sólo el poder para promulgar leyes, sino también interpretar la propia Constitución a la hora de leyes que son revolucionarias y controvertidas, y que alterarán irremediablemente la cultura de la nación, como fue el caso de la ley por los Derechos civiles que los Republicanos de Lincoln, al ser hombres bíblicos, otorgaron a los negros del sur en contra de los sentimientos de los secesionistas. Es absolutamente INACEPTABLE que la queja de un ciudadano privado, en los tribunales, se convierta en una acción para invalidar la ley en vigor.

Está claro que si un poder tan amplio se le hubiése dado al Poder judicial, si se le hubiése dado poderes de interpretación constitucional, si el Poder judicial hubiése sido considerado como «el máximo protector» de la Constitución contra las acciones legislativas que la violen, no se les hubiése dado, a los tribunales federales, un control ex post facto. Se les hubiése permitido entrar primero a revisar las leyes ANTES de que entrásen en vigor como de hecho ocurría en el ejemplo de una de las hijas descarriadas de mi patria — la ex-colonia Colombia. La Constitución de Colombia, del año 1886, en su Artículo 84, decía lo siguiente:

«Los Magistrados de la Corte Suprema tienen voz en el debate de las leyes sobre materia civil y procedimiento judicia».

El alcance del Poder judicial ha de ser estrecho.

Algunos aquí reconocéis el rigor de esta limitación pero sin embargo, en un sentido pervertido y vicioso que sólo sirve para ampliar la función judicial mucho más allá de sus límites originarios. El deber del tribunal, nos dicen, es sencillamente la comparación de dos cosas, contratos o leyes y cuando éstos entren en conflicto; que declaren el verdadero sentido de cada cosa, y, afirmar que la Constitución es la verdadera obligación suprema — un deber humilde y normal del deber del Poder judicial, tal y como lo describen en los tribunales. Dicho de esa forma, vemos enseguida la falta de respeto al Legislativo; no sólo por negarse a permitir que operen libremente e interpreten libremente, sino también por negarse tan siquiera a darles voz en el asunto. En vez de permitir que sean ellos los que legislen siempre e interpreten a su manera, lo que tenéis en este país es una discusión pedante y académica, en los tribunales, sobre la Constitución y las leyes. Echo de menos esa combinación de abogado y estadista que son los que deberían tratar las cuestiones constitucionales. Tenemos muchos especímenes de este método terrible pero no voy a entrar en ellos. Basta con analizar las últimas decisiones de los tribunales federales que, entre otros casos, han anulado la Ley de discriminación positiva en este estado.

Los padres de vuestra patria, entre ellos el gran y noble ALEXANDER HAMILTON, pensaban que el Poder legislativo tenía autoridad delegada y limitada, por supuesto, bajo la propia Constitución; y que estas limitaciones, para ser efectivas, tenían que cumplirse por ley y que los tribunales sean los que hagan cumplir la ley en vigor.

De hecho, así ya lo dijo el propio Hamilton en El Federalista, Nº78 — tomen nota:

«Quien considere con atención los distintos departamentos del poder, percibirá que en un gobierno en que se encuentren separados, el judicial, debido a la naturaleza de sus funciones, será siempre el menos peligroso para los derechos políticos de la Constitución, porque su situación le permitirá estorbarlos o perjudicarlos en menor grado que los otros poderes.

¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Muy revelador, ¿verdad? No, pero la cosa sigue poniéndose interesante — Hamilton no se corta un pelo — seguimos con el Nº78:

El Ejecutivo no sólo dispensa los honores, sino que posee la fuerza militar de la comunidad. El legislativo no sólo dispone de la bolsa, sino que dicta las reglas que han de regular los derechos y los deberes de todos los ciudadanos. El judicial, en cambio, no influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro; no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad, y no puede tomar ninguna resolución activa. Puede decirse con verdad que no posee fuerza ni voluntad, sino únicamente discernimiento, y que ha de apoyarse en definitiva en la ayuda del brazo ejecutivo hasta para que tengan eficacia sus
fallos.

¿Qué pasa? Un poco avergonzado estáis los que defendeis el Poder judicial activista, ¿verdad?

Los poderes judiciales son POLÍTICOS y civiles y el Tribunal Supremo es falible, no es perfecto. Por ello, lo democrático es permitir que sea el pueblo el que corrija cualquier abuso, via el Poder legislativo representativo y elegido ya que éstos responden ante el pueblo, a diferencia de los tribunales. El Poder legislativo promulga leyes, y por lo tanto también debe tener el poder para interpretar sus propias leyes.

Si existiera tal poder en el Poder judicial, entonces los derechos de los interesados dependerían no de una supuesta discrepancia con la Constitución, sino ¡¡de la existencia de cualquier discrepancia privada!!

A menudo no se discrimina entre la jurisprudencia relevante y se piensa que el Poder legislativo tiene que conformarse, constantemente, a las opiniones de los jueces. Los asuntos políticos-públicos pertenecen al ámbito del Poder legislativo y no pueden ser sometidos al control judicial siempre y cuando un acto no sea manifiestamente ilegal — por ejemplo, que mañana aprueben en este estado una ley que nos obligue a casarnos con homosexuales (ya quisieran ellos), etc. Un tribunal federal o de justicia sólo debe detener un procedimiento legislativo cuando éste sea absolutamente repugnante a cualquier noción básica de la ética o la decencia (obligarnos a casarnos por ejemplo, esclavitud forzosa y por ley, leyes ex post facto, etc,etc).

Muchas veces, han sido los pastores presbiterianos o en su defecto, cristianos en general, los que han tenido más sentido del Derecho que muchos abogaduchos progresistas y por eso el Poder judicial NUNCA debe meterse con el legislador tal y como ya nos advirtió el gran y valiente obispo Benjamin Hoadly, de la Iglesia de Inglaterra, en su controvertidísimo sermón del 31 de marzo, año 1717, predicado ante el Rey, sobre la naturaleza del Reino de Dios (esto es cuando Hoadly, al igual que otros puritanos o simpatizantes como es su caso, se empezaba a dar cuenta de la asquerosa corrupción papista en el seno de la Iglesia de Inglaterra), dijo así:

«El que tenga la autoridad absoluta para interpretar las leyes escritas u orales, ese es el verdadero legislador, en todos los sentidos y no la persona que las haya escrito necesariamente».

Aquí tienen más información sobre la controversia en cuestión.

Lo que he presentado en este ensayo no es nada nuevo pero no es menos importante. No es una nueva doctrina, sino una reafirmación de los principios clásicos de vuestros ancestros ingleses puritanos. Si lo que he dicho es bueno, es mi deseo que ya se vaya aplicando más a menudo en vuestros tribunales. Se ha dicho muchas veces que vuestros derechos privados tienen más respeto del Poder legislativo en países que no tienen constituciones escritas. Por eso pienso que muchos de vuestros legisladores no tienen un espíritu de responsabilidad. «Si nos equivocamos, ya lo resolverán los tribunales», dicen y piensan.

Si lo que yo he dicho es cierto, y lo es, la ruta adecuada para reformar vuestras actitudes en esta Facultad de Derecho es la cultivar entre los jóvenes y no tan jóvenes de la nación de EEUU un sentido mucho más fuerte que pueden hacer mucho daño y mucho bien si se aprovechan del sistema legislativo que os han dejado los fundadores y también conocer en su totalidad los límites al Poder judicial; para que los responsables de verdad sean los representantes elegidos democráticamente. Eso de reducir el Poder legislativo, interpretando la constitución al antojo progresista, no puede servir como algo positivo. Es más, entorpece la función del gobierno y por eso en este país hay tanta incompetencia en muchos niveles, con gente inventándose «derechos» constantemente y utilizando los tribunales como campos de batalla para resolver sus problemas personales. Los tribunales no os salvarán de la ruina y de la ira del Señor — vuestra protección principal se encuentra en otro lugar poco popular hoy en día — en la Palabra de Dios, la Santa Biblia. Hasta que no vuelvan, todos, a la autoridad de la Biblia en materia judicial y legislativa, me temo que EEUU seguirá su camino hacia la tiranía como ya ha hecho gran parte de los países de Europa, incluido el mío. Os aseguro que cuando eso ocurra, ya será muy tarde para remediarlo.

Etiquetas: Biblia, cristianismo, liberalismo, libertad, poder judicial