El origen y el alcance del sistema constitucional americano

Buenos días señores: Aquí comparto con vosotros el “infame” artículo que escribí hace unos años que no fue del agrado ni de progresistas ni de derechistas que piensan que los tribunales deben servir como plataformas políticas. Es necesario leer este artículo, tal y como os dije ya el jueves, para poder seguir entendiendo mis conceptos y la serie sobre el Poder judicial. Ya os dije que iba a ser un tema largo y extenso así que no os queda más remedio que seguir con vuestros apuntes.
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¿Cómo fue que la doctrina jurídica americana, que permite que el Poder judicial declare como inconstitucional actos del Poder legislativo, anular esas leyes, surgió y cuál es su verdadero alcance?

Es un hecho absolutamente indiscutible que ninguna constitución estatal otorgó este poder a los jueces. El nuevo entendimiento, ajeno totalmente a los conceptos tradicionales que habíamos importado aquí los europeos, únicamente surge después de la adopción de la Constitución federal; como el Artículo XII de la Constitución del estado de Kentucky en 1792. La existencia de un poder tan extenso para los jueces era discutido y negado directamente en algunos sectores de la época; y así lo vemos en el año 1825, en una sentencia durísima, el juez Gibson, del estado de Pensilvania, y uno de los jueces más sabios de EEUU en su época, se negó absolutamente a reconocer una doctrina que no la da de forma expresa la Constitución de su estado, Pensilvania. Sin embargo, sí que reconoció tal doctrina en vuestra constitución federal — en el párrafo bis del Artículo VI que reza:

“Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país y los jueces de cada Estado estarán obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier Estado”.

Ni esta palabrería, ni la jura de los jueces necesariamente significa un “derecho” de los tribunales a revertir, desplazar, invertir, o ignorar cualquier acción constitucionalmente autorizada del Legislativo o Ejecutivo.

Es suficiente, para confirmar esto, referirse al hecho de que en otros países como Francia, Alemania, y Suiza, todos con constituciones escritas, tal concepto de “revisión” jurídica no existe. “Las restricciones,” dice el gran jurista Dicey en su admirable obra “La ley de la Constitución”, que la Constitución francesa impone a las acciones del Poder legislativo no son leyes en realidad, ya que no son normas que se aplican en los tribunales de última instancia. Su verdadero carácter funciona en relación con lecciones ya conocidas sobre la moral política, siempre sostenida por la fuerza y apoyo de la opinión pública en una democracia. En Europa, en general, incluido en el Reino Unido, la tradición siempre ha sido, hasta la llegada del malvado Kelsen (impulsor de los tribunales constitucionales), no tener un tribunal con autoridad suficiente como para anular como “inconstitucional” leyes del Legislativo. Sin embargo en Alemania y Suiza, a pesar de que los tribunales federales históricamente no han tenido esa autoridad, sí han podido invalidar leyes locales o cantonales cuando entran en conflicto con alguna norma federal.

¿Cómo es que llegasteis a adoptar entonces este sistema aquí en los EEUU? Principalmente se debe a vuestra experiencia negativo con vuestros ancestros ingleses antes de vuestra gloriosa Guerra por la Independencia. Siendo colonos, la corona os gobernaba mediante un documento estricto (el Charter que tanto daño hizo a las libertades de vuestros padres puritanos) y los términos de esos contratos o “charters” se ejecutaban a través de distintos métodos — o bien el Parlamento británico anulaba directamente alguna normativa, o bien directamente la Corona británica decidía anular alguna previsión o cláusula. Es natural que, en parte, vuestro sistema de amparo judicial sea un derivado de esto pero, ¿acaso es necesario señores? Toda esta “moderación” colonial sencillamente era el ejercicio habitual y normal de poder. Una autoridad externa os había impuesto los términos en el “charter”, la autoridad de un gobierno supremo, totalmente organizado y equipado para lidiar con cualquier exigencia que podría surgir en materia de orden público, con un Rey, un Poder legislativo y tribunales propios. El derecho superior que tenía este gobierno era fundamental, y aquí sencillamente se continuó la ya extendida práctica inglesa que aplicaban los tribunales de apelación en esa nación.

Entonces de repente nació vuestro espíritu independentista ¿y qué pasó entonces? Sencillamente esto: cortasteis la cuerda que os ataba a Gran Bretaña y ya no teniais un soberano externo. Vuestro concepto a partir de ese momento era “nosotros, el Pueblo”; esto es, vuestra propia población en los distintos estados ahora eran el nuevo “soberano”. Esto se llama “soberanía popular” de toda la vida. Vuestras constituciones escritas, a partir de ese momento, ya no eran órdenes “extranjeras”, sostenidas por un gobierno externo, que sencillamente las ejecutaba como era normal; ahora eran preceptos del propio pueblo que iba a ser gobernado e iba dirigido a ellos, y especialmente a aquellos responsables del nuevo sistema de gobierno.

Durante mucho tiempo, vuestro nuevo país no contaba con un mecanismo para sustituir el orden antiguo y por lo tanto se continuaba utilizando métodos británicos. En el estado de Connecticut, en 1776, a través de una mera Ley Orgánica, el “charter” de 1662 se declaró vigente y como “la Constitución civil del estado, bajo la autoridad del pueblo, independiente de cualquier Rey o Príncipe”; luego seguido de dos o tres frasecillas o clichés sobre la “libertad y buen gobierno” que tanto caracteriza la filosofía mental-social de vuestro país. Bajo este precepto los ciudadanos de Connecticut vivieron hasta el año 1818. En el estado de Rhode Island, más de lo mismo — hasta 1842 y, como ya sabéis, fue precisamente por un caso que surge aquí que provoca el nacimiento del concepto de la acción judicial para forzar la ejecución de las provisiones constitucionales contra un Acto legislativo — el caso se llama Trevett v. Weeden, decidido en el Tribunal Supremo de Rhose Island en 1786. Si alguien quiere consultar ese caso antecedente a Marbury v. Madison, lo tienen aquí.

Es relevante recordaros que esta nueva aplicación no estaba universalmente aceptada. De hecho, varios miembros de la Convención constitucional federal la negaron tajantemente y la mayoría de vuestros jueces en el siglo XVIII no la aceptaban tampoco. Por ejemplo, en el estado de Vermont, la doctrina establecida en la época era que el Poder judicial NO podía anular ninguna ley; y la misma doctrina estaba en vigor en Connecticut. Algunos de vosotros ya sabéis que los Presbiterianos, que siempre hemos amado la libertad política, éramos tachado de “violentos” cuando dijimos, en un discurso “whig” lo siguiente respecto al caso citado a las puertas del tribunal:

“Que haya un poder otorgado a la judicatura, en el que puedan controla el Poder supremo legislativo, creemos que es algo absurdo en sí mismo. Un poder así en el Poder judicial sería liberticida, destrozaría la libertad y eliminaría cualquier seguridad sobre la propiedad”.

Efectivamente, tal y como ya expresó Swift, juez supremo de Connecticut en 1795, en sus “Reports” — “nunca hemos entretenido la idea de que el Poder judicial tuviése un poder para averiguar sobre la constitucionalidad de las leyes del Poder legislativo, o para pronunciarlas inconstitucionales por cualquier razón, o incluso cuestionar su validez”. En la página 25 de esos informes (son 10 tomos señores) — pág. 25, Tomo 1, sobre el año 1785 (publicado en 1820): “mucho antes de 1785, la doctrina ha sido siempre que la Constitución es la ley suprema de esta tierra y que el Poder judicial tenga “autoridad” para dejar a un lado o invalidar leyes que consideran “malas” es un acto completamente repugnante y anti-Republicano”.

Hasta el año 1808, señores, los jueces en EEUU que anulaban leyes eran ELIMINADOS de su puesto en algunos estados como Ohio.

II. El Poder judicial NO DEBE anular leyes — NINGUNA

El alcance del Poder judicial, en EEUU, históricamente ha sido lo que defiendo; esto es, determinar, para el simple propósito de resolver una pregunta jurídica adecuadamente presentada al tribunal, si un ejercicio de poder en cuestión está prohibido por la Constitución. Nótese la diferencia: una cosa es decir si un ejercicio de poder es inconstitucional, y otro muy distinto es anular una ley.

CONTINUARÁ — a lo largo del día o por la noche voy a intentar actualizar esto — sólo me ha dado tiempo para compartir hasta aquí. Espero que quede claro más o menos o lo podemos seguir discutiendo en el hilo.

En otros asuntos, hoy el estado de Nueva York, por desgracia, ha aprobado el “matrimonio” homosexual. ¿Ahora véis por qué siempre he hablado mal del estado de Nueva York? El estado de Nueva York se encuentra entre los más “progres” y pervertidos de los EEUU. Es una “mini” Europa. De todas formas hay que reconocer que se ha aprobado por el canal adecuado: por la vía LEGISLATIVA y no la vía JUDICIAL. El Poder legislativo está para eso y hay una mayoría progre en Nueva York. Los comentarios de los lectores de “El Mundo” no tienen desperdicio — el nivel de inmoralidad que tenemos en España cada vez más va a peor. Siempre me llama la atención comentarios tipo “ya era hora, hay que progresar”. ¿Por qué esa gente no habla de legalizar la pederastia? Después de todo, hay gente que defiende, en Holanda, que prohibir el amor entre un adulto y un “niño”, “si es voluntario”, es “discriminación”. Respeto más a los pedófilos que a los falsos que dicen que “eso es distinto” — son los mismos que antes decían “bueno, no hay que discriminar a los gays pero eso tampoco significa que deben poder casarse”. Repito mi pregunta por si no queda claro: ¿un niño de 12 años no es capaz de “amar” a un “adulto”? ¿Quién lo determina? Al cabo de unos años, esta sociedad va a aprobar la pederastia, por mucho que lo nieguen ahora porque no queda “guay” decirlo. La lógica que uso es implacable: si la discriminación es mala, ¿por qué se permite entonces en el caso de la pedofiliae?

10 comentarios

  1. Alfredo · ·

    Quiero aprovechar para también decir que APOYO AL 100% el esfuerzo del gobierno ruso para CASTIGAR DURAMENTE el consumo y el tráfico de drogas: No es que Rusia sea un ejemplo de política loable pero si aciertan en algo, hay que apoyarles — el Parlamento ha apoyado tratar a los traficantes de drogas como “asesinos en serie” — apoyo totalmente la medida porque hay que aislarlos de la sociedad, averiguar quiénes son, de dónde consiguen la droga para vender en nuestras patrias y si fuera por mí, un traficante de cocaína, heroina o LSD, por poner ejemplos de las más nocivas, se enfrentaría a la pena capital por envenenar a nuestros jóvenes. Introducir sustancias venenosas al Reino de España conllevaría, bajo mi sistema, una pena de muerte o cadena perpetua sin revisar.

    En cuanto al consumo — estoy a favor del sistema que implementó Thatcher — se dividen las drogas en “clases” – las más “light” no conllevarían cárcel pero se sigue con el sistema de multas severas o trabajos a la comunidad, pero si ya son drogas “duras”, mínimo 3 años en prisión o la opción de ir a un centro de desintoxicación.

    http://www.guardian.co.uk/world/2011/jun/08/russia-total-war-on-drugs

  2. sociata latinoamericano · ·

    Alfredo: el poder judicial no sólo puede sino que “debe” extirpar leyes contrarias al espíritu de la carta magna.

  3. Alfredo · ·

    Totalmente en desacuerdo, latinoamericano — esa no es la función liberal del Poder judicial. El Poder judicial no puede convertirse en una ley en sí misma.

  4. Rubén · ·

    “determinar, para el simple propósito de resolver una pregunta jurídica adecuadamente presentada al tribunal, si un ejercicio de poder en cuestión está prohibido por la Constitución. Nótese la diferencia: una cosa es decir si un ejercicio de poder es inconstitucional, y otro muy distinto es anular una ley”

    He de reconocer que encuentro muy lógico esa frontera para definir las competencias de la judicatura. Me gusta.

    Sin embargo, si un ejercicio de poder es inconstitucional pero ejercido igualmente porque una ley lo permite, ¿qué diferencia hay entre un ejercicio de poder inconstitucional y la ley que lo permite, por tanto ley inconstitucional? De hecho, ¿cual es el problema verdadero, el ejercicio de poder inconstitucional o la ley inconstitucional que lo permite? Y en este caso, ¿qué hacemos con una ley inconstitucional si no puede anularla un juez?

    En una forma de gobierno republicana, la ley debe ser respetada y todo derecho o libertad está limitado por la ley. Así pues, toda ley aprobada democrática y legítimamente tendrá como límite otra ley, una ley superior, la Constitución.
    Ahora bien, si no puede declararse una ley inconstitucional, por muy legalmente que haya sido aprobada, esta garantía republicana la estamos perdiendo y provocamos indefensión ante las leyes. Estamos, pues, cayendo en una democracia pura: válida la decisión de la mayoría sin limitación alguna provenga de donde provenga.

  5. Alfredo · ·

    Sabía que poco a poco te ibas a ir compartiendo el sentido de los asuntos, Rubén.

    Dices y preguntas:

    “Si un ejercicio de poder es inconstitucional pero ejercido igualmente porque una ley lo permite, ¿qué diferencia hay entre un ejercicio de poder inconstitucional y la ley que lo permite, por tanto ley inconstitucional? De hecho, ¿cual es el problema verdadero, el ejercicio de poder inconstitucional o la ley inconstitucional que lo permite? Y en este caso, ¿qué hacemos con una ley inconstitucional si no puede anularla un juez?”

    El verdadero problema sería el ejercicio inconstitucional de poder no la ley en sí — por ejemplo, si mañana se aprueba una ley que diga (si esto fuera un sistema liberal, etc) “toda mujer blanca mayor de 18 años tendrá que mantener relaciones sexuales con un negro si quiere conservar su nacionalidad española”.

    El problema de esta ley no es que se apruebe una ley sino que con este requisito se violaría los límites más básicos y de decencia pura en cualquier constitución liberal. En este caso, el legislador ya no estaría “legislando” sino abusando de su autoridad y por supuesto claramente violando los límites constitucionales. Una ley en sí misma podria ser inconstitucional en tanto que sólo implique abuso de autoridad más allá de la Constitución donde ésta expresamente prohiba algo. Por ejemplo la Const. de EEUU y la española prohibe leyes ex post facto. Entonces, un legislador mañana no podría decir: a partir de mañana voy a prohibir el nombre Rubén para varones y luego te castiga a ti por tenerlo anterior a la ley. ¿Qué se viola ahí? Claramente el requisito de no aprobar leyes retroactivas o ex post facto.

    En el caso de que haya una ley abusiva y repugnante de este tipo, se remitiría al pueblo a consulta como de hecho ya ocurría en algunas teorías republicanas-representativas.

    Mi teoría es que si una ley es absolutamente repugnante a la constitución, y que nadie dude de ello, o al menos una grandísima mayoría de personas, ésta debería anularse pero en las cuestiones opacas y nada claras, que son la mayoría, no se debe intervenir desde el Tribunal.

    Dices:

    “En una forma de gobierno republicana, la ley debe ser respetada y todo derecho o libertad está limitado por la ley. Así pues, toda ley aprobada democrática y legítimamente tendrá como límite otra ley, una ley superior, la Constitución”.

    Totalmente de acuerdo.

    “Ahora bien, si no puede declararse una ley inconstitucional, por muy legalmente que haya sido aprobada, esta garantía republicana la estamos perdiendo y provocamos indefensión ante las leyes. Estamos, pues, cayendo en una democracia pura: válida la decisión de la mayoría sin limitación alguna provenga de donde provenga”.

    No — antes de Marbury v. Madison (que fue el origen del poder de amparo judicial en el caso americano republicano), ya existían otros mecanismos democráticos y liberales para anular una ley – entre ellas, volver a someterla a debate en el Senado y bloquearla o presionar al poder legislativo de tu estado para no incorporarla dentro de tu estado si era una ley federal.

    Hay muchos mecanismos, democráticos, que no requieren la presencia antidemocrática del juez no elegido.

  6. Rubén · ·

    “No — antes de Marbury v. Madison (que fue el origen del poder de amparo judicial en el caso americano republicano), ya existían otros mecanismos democráticos y liberales para anular una ley – entre ellas, volver a someterla a debate en el Senado y bloquearla o presionar al poder legislativo de tu estado para no incorporarla dentro de tu estado si era una ley federal.

    Hay muchos mecanismos, democráticos, que no requieren la presencia antidemocrática del juez no elegido”

    Vale. Ahora olvídate de los EE.UU. y céntrate en España. ¿Qué mecanismos exactamente propones para una España del s. XXI con una monarquía republicana y no federal?

  7. Alfredo · ·

    Los mecanismos, Rubén — sería que en un sistema representativo (cosa que como sabemos los dos NO tenemos ahora) si se llegáse a aprobar una ley tiránica o tremendamente liberticida, existirían una serie de mecanismos constitucionales que directamente forzaria volver a poner la ley en el punto de mira — como ocurría en USA antes de Marbury. No es fácil, pero desde luego mucho más democrático y liberal de lo que hay ahora.

  8. Rubén · ·

    Bien Alfredo, sigues sin especificar qué mecanismos son esos.

    ¿Puedo entender que en un sistema representativo de circunscripción uninominal con mandato imperativo del elector sobre el diputado se ejercería el derecho del primero sobre el segundo para deponerlo de su representación?

  9. Alfredo · ·

    Por supuesto que puedes y debes entenderlo así Rubén — ese principio que ahora nos lo hemos olvidado, tiene su origen en Cromwell y el “despertar” liberal de los “burgueses” en Europa. Efectivamente, la idea de que podemos deponer a un gobernante-sabrás que, los liberales aceptamos eso pero era una idea muy muy muy controvertida en su día. ¡Menos mal que nació la burguesía!

  10. Ruben · ·

    Perfecto entonces. No se me ocurre mejor salvaguarda constitucional que obligar a los politicos a ser responsables de sus actos. Y asi, tu concepto del poder judicial no solo es logico sino tambien posible al responder a todos los requisitos de control del poder del Estado.

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