Democracia «real» ya tenemos en España

Sin duda, la próxima serie de artículos que estoy preparando levantará muchísimas ampollas, y no será del agrado de casi nadie. Muchas veces es necesario hacer este tipo de cosas precisamente para provocar debate y ¡cómo no!, corregirme si creen que me he equivocado. En este caso, no creo que esté equivocado del todo y me explico.

Uno de los lectores habituales de esta web, Rubén (aunque hay otros), asegura que en España no hay democracia. El razonamiento de Rubén se basa en una serie de razonamientos que considero que si bien son CORRECTOS, no son adecuados para la situación española actual. Tanto Rubén como yo mantenemos el mismo objetivo a largo plazo: el cambio del sistema electoral español entre muchas otras reformas. No obstante, no acepto la proposición de que España no sea una «democracia real».

Hay que evitar, por favor, caer en valoraciones populistas que nada tienen que ver con la democracia real: Expongo las críticas más habituales que se dirigen al sistema español:

1. Los políticos meten mano en el poder judicial.

Bien — En Estados Unidos los jueces del Tribunal Supremo son nombrados por el Presidente y yo no veo que ningún liberal clásico español se escandalice por ello. Nuestro sistema es mejor que el americano a la hora de por ejemplo, acceder a determinados puestos públicos. En España se hace una oposición, mientras que en EEUU se basa en un concurso de méritos. Es decir, que para ser juez en EEUU, es igual de complicado que ser profesor catedrático en España: tienes que caer bien, tienes que tener conexiones de todo tipo.
Eso no significa que nuestro sistema sea perfecto o que esté libre de injerencias políticas. Podríamos tener el mejor sistema del mundo, y aún así el poder político se las arreglaría para tratar de meter las narices en el Poder Judicial. Ello no significa que no podamos mejorar nuestro sistema, sino que debemos ser conscientes de que la absoluta neutralidad e independencia judicial son materialmente imposibles porque no existe la «neutralidad» absoluta. Por lo demás, nuestros jueces son inamovibles, por lo que no es posible «ponerlos y quitarlos» a gusto del Ministerio, tal y como aseguran algunos lectores habitualmente.

2. Hay regiones fiscalmente muy privilegiadas.

No es justo para un marxista pero que no sea «justo» (y lo es para mí ya que esas regiones pagan más que otras) no significa que no sea democrático. Sucede algo parecido en el Reino Unido. Todos tienen su propio parlamento menos los ingleses y también existe aquí en otros ámbitos de los que nadie se queja: no es lo mismo pagar IBI en Madrid que en Zaragoza ya que los valores de propiedad son distintos.

3. Los ciudadanos no tienen los mismos derechos y deberes en todo el territorio nacional

Lo cierto es que la situación en EEUU y en Alemania es mucho más cercana a eso, puesto que cada Estado federado tiene su propio Código Penal y aquí creo entender que casi todos defendemos el federalismo en un país como EEUU aunque quizá no en España ni en otros países hispanos. En España las diferencias son esencialmente administrativas y, en algunos casos, civiles.

4. La ley electoral no es democrática porque los votos de todos los españoles no valen lo mismo

En Estados Unidos existe el criterio mayoritario y algunos Estados pequeños están sobrerrepresentados en cuanto a votos electorales, por no decir la situación del Senado, donde N.Dakota y Nueva York tienen el mismo número de escaños a pesar de la diferencia poblacional. Yo prefiero la ley americana, pero decir que no es «democrático» lo que tenemos es exagerar.

5. Los partidos toman las decisiones al margen del parlamento y los diputados votan lo que les ordena la jefatura del partido.

De hecho, eso es profundamente democratista aunque no democrático, que son dos cosas distintas. Ello se debe a que nuestro sistema es de voto a una lista cerrada y bloqueada, con lo cual, lo más legítimo para el ciudadano es que los miembros de esa lista cumplan con la labor que le es encomendada, esto es, representar al partido al que pertenecen. Por otra, parte, las listas abiertas y desbloqueadas perfeccionarían la democracia y permitirían el voto disidente, pero dificultarían sobremanera el voto, con lo que muchos ciudadanos tendrían mayores complicaciones al votar. O lo que es lo mismo: ¿es más democrático un sistema de voto complejo, que permite una mayor concreción al expresar el voto, o uno más sencillo, que permite a más ciudadanos votar correctamente?

ESE Y NO OTRO es el debate aquí en esta cuestión de las listas.

Rubén critica la «partitocracia», como si la existencia de partidos políticos fuera mala. El problema no es la partitocracia en sí, sino la forma en que los partidos toman las decisiones y las hacen efectivas. La existencia de partidos políticos es buena, y sirven para canalizar la participación política de los ciudadanos en el Estado. Lo malo no es que los partidos negocien y se relacionen entre sí, sino que en la toma de decisiones de éstos no participe la base. O lo que es lo mismo, los partidos son un medio fantástico para estimular la participación de la ciudadanía; para ello hace falta democratizar su funcionamiento, quizá (por qué no) estableciendo una Ley de Partidos que avance en la exigencia del funcionamiento democrático.

Toda democracia «real», decía Savaater, «tiene su cuota de políticos chorizos y de jueces corruptos, porque es imposible crear un sistema perfectamente blindado contra tales eventualidades». La democracia práctica es, como todo, esencialmente imperfecta. Nuestra obligación como ciudadanos es la de procurar fomentar un sistema mejor, pero las imperfecciones concretas no anulan la existencia de una democracia, tanto formal como material.

Debemos estar prevenidos de aquellos que aseguran que nuestro país no es una verdadera democracia; esta gente sólo trata de deslegitimar el sistema existente con intenciones bastante cuestionables: unos sólo quieren hacerse los rebeldes y molar más; otros quieren hacerse notar; y otros simplemente desprecian la democracia como sistema de gobierno y pretenden extender el descreimiento entre los ciudadanos para beneficiar a sus intereses políticos.

Como sé que Rubén no cabe dentro de ninguna de esas tres posibilidades negativas, creo que debería explicar mejor sus temas. Yo en el fondo estoy muy de acuerdo con él y sus críticas pero no quizá por los mismos motivos.

En cuanto a la serie, la próxima entrada tratará el tema de forma extensa de la separación de poderes y voy a defender la siguiente tesis:

El ejecutivo ha de decidir, por pura realidad histórica y arraigo, qué casos son judiciales y qué casos son puramente políticos. En un contexto penal, por ejemplo, si el poder ejecutivo NO EJECUTA la sentencia de un tribunal, ésta se queda en nada. De hecho, Rubalcaba ya lo está haciendo también: no está ejecutando una sentencia de la justicia sobre los desalojos.

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