Herbert Spencer: Defensa cerrada de la libertad individual y de los límites al poder (I)

Herbert Spencer (1820-1903) fue un filósofo y sociólogo británico. Considerado el padre y máximo exponente del evolucionismo social, él habló por vez primera, tras leer a Darwin y conocer su selección natural, de la supervivencia de los más aptos, si bien su teoría evolucionista es anterior. Indomable liberal y pensador polifacético, en su época llegó a ser toda una eminencia intelectual. De entre su producción científica, sobresalen el panfleto Carta acerca de la esfera de acción que le compete al Gobierno (1842), La estática social (1851) y Ensayos políticos, científicos y especulativos (1891), junto con diversos escritos que conforman su sistema de filosofía evolucionista (entre 1855 y 1896), como Principios de psicología (1855). Una de sus obras más conocidas es El individuo contra el Estado (1884), en la que reúne cuatro opúsculos previamente publicados en la Revista Contemporánea: “Los nuevos conservadores”, “La esclavitud del porvenir”, “Las culpas de los legisladores” y “La superstición política”.

El individuo contra el Estado es libro de ideas contundentes y brillantemente expuestas, y rezuma un liberalismo combativo, esencial, repleto de rebeldía y argumentos. Sin lugar a dudas, merece a día de hoy un especial estudio por parte de todos aquellos amantes de la libertad y de una sociedad que sea la suma de sus individuos. Por lo tanto, no parece desacertado realizar un sucinto recorrido por sus páginas y pasajes más relevantes a fin de dar a conocer su contenido básico.

En el prefacio a la recopilación, Spencer manifiesta su preocupación por la reducción de la libertad real, cosa que ya advirtió tiempo atrás. De un lado, las leyes pesan cada vez más sobre el individuo y suponen obstáculos a la autonomía de la voluntad. De otro, las cargas públicas empiezan a ser insoportables y trasladan lo que ganan las manos privadas a las manos de los funcionarios.

“Los nuevos conservadores” constituye una denuncia del hecho de que los liberales, cuya meta en el pasado era restringir el poder coactivo del Estado, lo están aumentando indiscriminadamente por medio de leyes y reglamentaciones abusivas, lo que les hace asemejarse a los conservadores, partidarios, según el autor, de sistemas de cooperación obligatoria en la sociedad. En definitiva, han abandonando el principio de restricción del poder. Destacan las siguientes palabras de Spencer: “No se advierte que, por un camino u otro, aquellos cambios verdaderamente liberales restringían la esfera de la cooperación obligatoria y redundaban en pro de la cooperación voluntaria. No se para en mientes en que todos disminuían la autoridad gubernamental y ensanchaban el campo, dentro del cual cada ciudadano puede obrar sin obstáculos. Se ha olvidado la verdad de que el liberalismo se caracterizaba antiguamente por la defensa de la libertad individual frente a la coacción del Estado”.

Y para probar sus afirmaciones, enumera una extensa e impresionante lista de nuevas leyes dictadas por gobiernos liberales –leyes que intervienen en la economía en orden a resolver la llamada cuestión social— que termina en el segundo mandato de Gladstone (1880-1885), a la sazón en el poder. Cabe subrayar que Spencer se limita a poner de relieve la traición a los principios liberales, mas no entra a juzgar la bondad o aun la oportunidad de muchas de las medidas adoptadas. Se mantiene, pues, neutral; lo que le interesa no es tanto lo erróneo de la política intervencionista –de cuya crítica se ocupará más adelante— como el cambio de rumbo de los liberales.

Al final del ensayo, en una nota a pie de página, Spencer reflexiona sobre los últimos acontecimientos y señala que, a juzgar por la oposición de algunos conservadores a la política progresista de los liberales, “puede realmente ocurrir que los conservadores se conviertan en los defensores de la libertad que los liberales huellan, extraviados por su pretensión de labrar la felicidad de los ciudadanos”. Mutatis mutandis, podría decirse que tal previsión quedó confirmada con la labor política de la tory Margaret Thatcher durante la década de los ochenta.

«La esclavitud del porvenir» es un título bastante llamativo y, ante todo, una advertencia. Las primeras páginas de este opúsculo –más que políticamente incorrecto y, con toda probabilidad, vitriólico para la mojigata sociedad actual— recogen una fuerte crítica a los vagos e indigentes y a la compasión que por ellos muestra la sociedad, en la falsa creencia de que existe una responsabilidad social. Spencer entiende que una mayoría de pobres lo son por sus malas acciones y decisiones en la vida, y que no hay por qué sacarles de esa situación. Para él, una verdad indiscutible de la naturaleza es el sufrimiento y el trabajo duro. Lo cual entronca con el final de la tercera parte del libro y el antedicho evolucionismo social. Respecto a la caridad del Estado, la intervención vía redistribución de la riqueza es a la larga perjudicial, toda vez que los impuestos dañan la asignación eficiente de los recursos.

Se enuncia aquí la ley de las consecuencias no queridas: «La teoría según la cual el político procede habitualmente, es la de que las medidas adoptadas no rebasarán los límites que él pretende trazarles de antemano. Estudia atentamente los resultados inmediatos de tal o cual acto, pero no sus efectos remotos, y menos aún los concomitantes». Sumergidos en tal dinámica, el razonamiento de Spencer es que no se aprende de la experiencia y que políticas equivocadas llevan a más políticas equivocadas, redundando en el error, sin que ello sea suficiente para que se corrijan. Se inicia de esta suerte un círculo vicioso en el cual, debido a la idea de que el sufrimiento puede y debe ser erradicado, el Estado interviene en todos los males, lo que hace a los individuos más dependientes, más incapaces, hasta que, por fin, se llega a un socialismo que Spencer identifica con la esclavitud. «Cuanto más se extiende la acción gubernativa», explica, «tanto más cunde entre los individuos la creencia de que todo debe hacerse para ellos y nada por ellos». Y la intervención del Estado en la economía, o mejor dicho, en todos los ámbitos de la vida, no garantiza nada, ni bienestar ni igualdad para todos. Porque detrás de las administraciones hay seres humanos, con sus fallos y carencias, y ello, en última instancia, supondría el fin de la imparcialidad administrativa y más esclavitud, dando lugar a un Estado cada vez más poderoso frente a unos sujetos cada vez más débiles y privados de libertad.